La Organización Internacional de Policía Criminal (Interpol) envió a los tribunales de Argentina la información solicitada sobre 10 de las 15 personas —incluidos los dictadores Daniel Ortega, Rosario Murillo y 13 de sus secuaces— acusadas de crímenes de lesa humanidad cometidos en el marco de las protestas de 2018 y a las que el juez Ariel Lijo giró órdenes de captura internacional el pasado 30 de diciembre de 2024, según informó el fiscal argentino Eduardo Taiano, quien lidera esta causa.
Sin embargo, Taiano no precisó si Ortega y Murillo están entre las 10 personas de las que Interpol brindó información a los tribunales argentinos como parte del proceso.
Aunque inicialmente se informó que eran 12 acusados —incluyendo a Ortega, Murillo y 10 de sus secuaces— y posteriormente se aseveró que la lista ascendía a 18, Taiano aseguró que Lijo giró órdenes de captura contra 15 de ellos.
«En realidad son 15 que forman parte del gobierno de Ortega y su esposa. El orden de detención internacional que decretó el juez federal Ariel Lijo son 15. Se pidió la indagatoria y la extradición para poder juzgar en Argentina», dijo Taiano a consulta de LA PRENSA.
Información entregada por Interpol a Argentina es vital en el proceso
Taiano explicó que, una vez que el juez Lijo giró las órdenes de captura, este solicitó información a Interpol sobre los 15 acusados.
«Después de que se pidió la indagatoria con fines de extradición, se pidieron datos a Interpol de estas personas. Ya se informaron de 10 personas. A Interpol se le piden datos de las personas a las que se va a extraditar. Entonces, Interpol ya tiene identificadas a 10», dijo Taiano.
Sin embargo, señaló que, de momento, no se implementa la alerta en Interpol, ya que sigue en trámite.
«Todavía no se implementa (la alerta de Interpol) porque está en trámite. Es un trámite largo. Los requisitos dependen de Interpol. Desconozco el proceso interno de Interpol, cómo lo hace y cuánto tarda», admitió Taiano.
Por su parte, Fiorella Ricci, secretaria de la Fiscalía Federal, aseguró que es el juez Lijo quien realiza todos los trámites ante Interpol.
Caso en Argentina inició en 2022
El caso se desarrolla amparado en el principio de jurisdicción universal, que habilita a los tribunales —en este caso, los de Argentina— a investigar y enjuiciar crímenes perpetrados en el extranjero. Desde 1994, el artículo 118 de la Constitución argentina reconoce esta potestad, permitiendo a la justicia federal abordar violaciones a los derechos humanos sucedidas en otros países.
Inicialmente, el 6 de octubre de 2022, los abogados argentinos Darío Richarte y Diego Pirota presentaron la acusación, pero posteriormente, organismos de la sociedad civil presentaron otras denuncias.
Además, según fuentes conocedoras del tema, los delitos también incluyen tortura contra personas detenidas de forma arbitraria en prisiones y centros clandestinos de tortura, persecución contra opositores, violaciones a los derechos de libertad de expresión, asociación y reunión pacífica, uso desproporcionado de la fuerza y empleo de armas de guerra por parte de la Policía y paramilitares.
Proceso con limitaciones
Taiano fue categórico al señalar que es muy difícil que el proceso avance, puesto que Ortega, Murillo y sus 13 secuaces no pueden ser juzgados en ausencia.
«Por ahora lo veo difícil. Es muy difícil que salgan de su país, pero es importante para el futuro. No está previsto eso (juzgar en ausencia a Ortega, Murillo y sus cómplices). En este momento estamos con esas limitaciones. Si la persona no va a otro país, Interpol tampoco lo puede detener», dijo Taiano.
Sin embargo, señaló que las órdenes de captura pueden servir en caso de que Ortega, Murillo y sus secuaces salgan del país.
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«Nosotros no somos cazadores, somos pescadores. Si por alguna circunstancia, en algún momento, hacen un viaje a otro país, se les puede detener. No se puede ir a cazar a la persona, porque son Estados soberanos», señaló el fiscal.
Por su parte, Ricci señaló que el proceso en Argentina «es una forma de juntar la documentación y de poder armar un caso. Cuando se puedan superar los obstáculos procesales, se podrá avanzar y estará el camino más allanado para un progreso en el proceso».
El proceso que debería seguirse en Argentina
Taiano explicó que, en un «escenario ideal» en el que se logre la captura de los acusados ―algo que considera poco probable a corto plazo―, se realiza un juicio para recabar la indagatoria. En el proceso, se recaban los hechos y las pruebas, y posteriormente, el juez tendría 10 días para dictaminar si se procesa a la persona, quien puede apelar.
Una vez que se confirme a través de la Cámara Federal, se transmite a la Fiscalía para que haga la elevación a juicio en un tribunal oral.
De forma extraoficial, LA PRENSA supo en diciembre de 2024 que los delitos que se imputan a Ortega, Murillo y sus secuaces son crímenes de lesa humanidad por los hechos ocurridos durante las protestas de 2018. Estos delitos incluyen asesinatos sistemáticos, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, violaciones sexuales y persecución por motivos políticos.
Acusación se basó en informes
El fiscal argentino refirió que la acusación contra los dictadores y sus cómplices se sustentó con informes de organismos de derechos humanos y, en menor medida, con testimonios de víctimas como parte de las pruebas del caso.
«Con toda la información que se incorporó, ahí están un montón de víctimas. Ya están las víctimas determinadas. Eso me parece que es bastante prueba para seguir avanzando», señaló Taiano.
Por su parte, Ricci refirió que esto también tuvo como objetivo preservar la identidad de las víctimas.
«No se ha apuntado a los testigos, se les ha reservado la identidad a todos, así que no es que se ha intentado ir caso por caso con cada una de las víctimas, sino respecto a este esquema sistemático y generalizado. Se incorporaron esos informes y las declaraciones de los testigos fueron para refrendar lo que ya estaba en los informes», dijo Ricci.
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