Los principales partidos políticos de España, tanto del Gobierno como de la oposición, condenaron este miércoles la “sistemática” violación de derechos humanos en Nicaragua y respaldaron el incremento de sanciones europeas contra el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
El Congreso de los Diputados aprobó una proposición no de ley presentada por el opositor Partido Popular (PP), que incluyó una enmienda del gobernante Partido Socialista Obrero Español (PSOE) para garantizar que la ayuda española no pueda ser utilizada por la dictadura Ortega-Murillo.
Durante la discusión en la Comisión de Cooperación Internacional, la diputada del PP, Silvia Franco, denunció la “brutal represión” que ejerce la dictadura de Ortega Murillo contra opositores, activistas y la Iglesia católica.
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“Nicaragua se ha convertido hoy en un oscuro bastión del autoritarismo bajo el yugo del matrimonio formado por Daniel Ortega y Rosario Murillo. Un país que ha sufrido un proceso de autocratización o des-democratización progresiva que nos muestra y alerta de cómo las democracias pueden morir poco a poco desde dentro”, denunció Franco en el congreso español.
“Cuando el poder ejecutivo captura las instituciones y destruye todos los mecanismos de control y esto es lo que ha ocurrido en Nicaragua con Ortega”, agregó la diputada popular.
El socialista Emilio Sáez defendió la enmienda incorporada a la iniciativa, subrayando el compromiso de España con la sociedad nicaragüense y la necesidad de tomar medidas que impidan la manipulación política de la cooperación internacional.
Una crisis prolongada y cuestionamientos a la UE
Desde abril de 2018, Nicaragua atraviesa una crisis política y de derechos humanos marcada por la represión estatal contra manifestaciones y sectores críticos del régimen. Organismos internacionales, como la ONU y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), han documentado ejecuciones extrajudiciales, torturas, detenciones arbitrarias y el exilio forzado de miles de opositores.
España ha respondido otorgando la nacionalidad y refugio a los desterrados de Ortega y votando contra su régimen en los foros internacionales de derechos humanos.
La comunidad internacional ha condenado repetidamente la deriva autoritaria de Ortega, cuya administración ha cerrado medios de comunicación, ilegalizado partidos políticos y perseguido a líderes religiosos, incluyendo el encarcelamiento y posterior destierro de obispos y sacerdotes.
La Unión Europea ha impuesto sanciones progresivas contra funcionarios del régimen, incluyendo restricciones económicas y prohibiciones de ingreso a territorio europeo. Sin embargo, las medidas han sido cuestionadas por sectores que consideran que la UE no ha actuado con la misma contundencia que con otros gobiernos sancionados, como Rusia o Venezuela.
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España, que históricamente ha sido uno de los principales cooperantes de Nicaragua, ha endurecido su postura en los últimos años, condenando a los dictadores nicaragüenses y sumándose a los llamados para reforzar las sanciones.
En la misma sesión, el Congreso español aprobó una propuesta del partido de izquierda Sumar para que el Gobierno impulse un fondo de ayuda extraordinario para los campamentos de refugiados saharauis en Argelia.
También fueron avaladas iniciativas para avanzar en el compromiso de destinar el 0.7 % del PIB a la ayuda oficial al desarrollo, planteada por el partido independentista catalán ERC, y para reforzar el envío de asistencia humanitaria a Siria.
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