Un total de siete docentes jubilados, reconocidos como exsindicalistas, dejaron de recibir sus pensiones de vejez desde enero pasado, luego que el Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) les exigió presentarse a una de sus delegaciones más cercanas para dar fe de vida.
El docente Gabriel Putoy, integrante de la Unidad Sindical Magisterial (USM), explicó que, pese a que dichas pruebas de fe de vida son usuales para las personas jubiladas, en el caso de los docentes afectados la medida ha sido drástica, les retiraron sus pensiones para obligarlos a asistir y fueron advertidos, extraoficialmente, de que la cita en el INSS en realidad está vinculada a un supuesto interrogatorio ordenado por el régimen orteguista.
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“Son siete docentes los perjudicados con esta medida. Todos ya estaban jubilados; les hacían depósitos a su pensión a través de cuentas. Hasta antes de enero de 2025 no tenían ningún inconveniente, pero no lo habían querido hacer público porque les pidieron fe de vida. Sin embargo, muchos no se apersonan porque tienen temor a que los encarcelen”, denunció Putoy.
Detalló que entre las siete personas afectadas hay un adulto mayor que incluso está en el exilio y, por ende, no puede dar fe de vida en persona en las delegaciones del INSS.
Además, afirmó que varias de estas personas, a las que se les está violentando su derecho a recibir su pensión de vejez, son reconocidas por haber estado “al frente de confederaciones o federaciones sindicales, que fueron rostros visibles en momentos de gobiernos democráticos, pero que ahora, por ocupar esos cargos en esos años, tanto varones como mujeres, los tienen sin su pensión”.
Escondidos en su propio país
Los docentes jubilados, según Putoy, hay expresado su temor a presentarse ante el INSS porque podrían ser encarcelados por la opinión que vertían cuando eran parte de las confederaciones y federaciones, que velaban por los derechos de los docentes en Nicaragua.
«Ellos no se quieren presentar por el temor a que los encarcelen (…) solo por dar su opinión, porque sabemos que está criminalizado», resaltó el docente de la USM.
Además, denunció que la represalia contra estos también está vinculada a que nunca fueron parte de la Asociación Nacional de Educadores de Nicaragua (Anden), que respalda el régimen sandinista.
«Ellos me pidieron denunciarlo, como miembro de la Unidad Sindical Magisterial, porque muchos de ellos se han abstenido de dar opiniones públicas para no verse afectados con sus familiares, cuyos hijos ya son profesionales en Nicaragua. Sin embargo, aunque no te metás en nada político, el régimen la tiene contra todos aquellos que no le hacen comparsa a sus discursos», agregó el docente Putoy.
Otros docentes de la Unidad Sindical Magisterial que ya están jubilados y no han tenido problemas con las citas de fe de vida explicaron que en sus casos nunca les han suspendido los depósitos de la pensión por no asistir a las citas de fe de vida.
«Es claro que lo que hay contra ellos es político, porque a mí me han citado a eso y yo voy, porque gracias a Dios no me vinculan con nada, aunque haya estado en las protestas sociales, pero muchas veces me he retrasado por meses en ir a dar la bendita fe de vida y nunca, pero escucha bien, nunca me han mandado a quitar o suspender el pago de mi pensión», apuntó el adulto mayor.
La Ley 160, Ley que concede beneficios adicionales a las personas jubiladas, en su artículo 13 establece que «los derechos y beneficios» que son otorgados a las personas jubiladas «son inembargables, innegociables e irrenunciables y no constituyen derecho sucesorio».
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