La paradoja de Trump con la inmigración: acabar con los indocumentados a la vez que engrosa su lista

 

La población indocumentada que hay en Estados Unidos oscila entre 11 y 13 millones de personas, dependiendo de la fuente, pero la eliminación de las vías legales que existían hasta ahora podría añadir más de dos millones de personas. Resulta paradójico que un Gobierno que se ha impuesto como objetivo expulsar del país a todos los migrantes indocumentados, se dedique a engrosar su lista, empujando a las sombras a quienes tenían un estatus legal.

“Al cancelar estos programas, lo que está haciendo es aumentar el número de inmigrantes indocumentados que están en este país. Y no solamente eso, los están empujando más a las sombras. Los están empujando más a la ilegalidad con estas políticas que quieren infundir miedo y pánico entre la comunidad inmigrante”, explica Vanessa Cárdenas, presidenta de la asociación pro migrante America’s Voice.

Indocumentada es una persona que carece de papeles que le permitan residir de forma legal en un país. En Estados Unidos, los migrantes indocumentados lo son porque han entrado al país ocultándose, evitando un puesto fronterizo oficial, o les ha caducado la visa (de trabajo, turista o de estudiante) y no se han marchado. Con la actual Administración, sin embargo, hay una modalidad floreciente: los migrantes que entraron por una vía legal y disfrutaban de un permiso temporal que ha sido revocado. Es el caso de quienes se beneficiaban de programas como el TPS (Estatus de Protección Temporal), parole humanitario o llegaron por medio de la aplicación CBP One, ideada para agendar citas con las autoridades de inmigración. A ellos se suman los cientos de estudiantes internacionales que se matricularon en las universidades del país y que ahora ven sus visas revocadas.

El temor de quiénes pueden ser los próximos en perder su estatus se ha generalizado entre la comunidad inmigrante después de ver cómo miles de personas perdían de la noche a la mañana el derecho a residir en el país.

El Gobierno de Joe Biden aprobó programas nuevos para frenar el creciente número de indocumentados que llegaban y que causó una crisis migratoria que le pasaría factura en las urnas. Para no colapsar más de lo que ya estaba la frontera, se diseñó el CBP One, una aplicación de citas para solicitar el asilo antes de entrar a Estados Unidos. La semana pasada se revocó el permiso temporal que tenían las 936.500 personas que entraron por esta vía legal hasta diciembre de 2024. Varias de ellas recibieron cartas en las que se les obliga a abandonar inmediatamente el país por medio del CBP Home, una aplicación que ha sustituido al CBP One, y que supuestamente sirve, en vez de para entrar, para salir.

No se sabe aún cuántos beneficiados ya habían solicitado otro permiso, pero los que no lo han hecho han pasado directamente a la lista de indocumentados y, por tanto, objeto de deportación de la actual Administración.

Es el caso también de los 532.000 migrantes que residían legalmente en el país gracias al programa llamado parole humanitario y que desde el 24 de abril se sumarán a la lista de deportables si no han conseguido otra protección. Son nicaragüenses, venezolanos, cubanos y haitianos que huyen de situaciones de violencia extrema, a quienes Biden les concedió un permiso de dos años de residencia si un patrocinador desde Estados Unidos se hacía cargo de ellos. El sueño de empezar una vida mejor a salvo de las amenazas de sus países de origen ha durado poco.

“Crear estos canales legales es la mejor manera de mejorar el sistema migratorio. Que la gente sepa que no tiene que irse con un coyote. Eliminarlos todos no es la solución” a un problema sobre el que las organizaciones de defensa de migrantes llevan años advirtiendo, dice Cárdenas.

Otro medio millón de haitianos han perdido el estatus legal del que disfrutaban hasta ahora después de que el Ejecutivo de Trump cancelara el programa TPS, que les concedía un permiso de trabajo por un periodo de un año y medio. Ideado para recibir a los migrantes que huyen de conflictos armados o de crisis causadas por desastres naturales, Biden lo extendió en marzo de 2021 para recibir a 600.000 venezolanos, que huían de la creciente inestabilidad de su país. Dos semanas antes de que acabara su mandato, el demócrata renovó la protección por 18 meses más, pero Trump lo anuló para aumentar su lista de deportaciones potenciales. En este caso, sin embargo, un fallo judicial ha frenado por el momento su expulsión.

Contra los más vulnerables

Para Leisy Abrego, profesora del Departamento de México, Chicanos y Centroamericanos de UCLA, la razón por la que se aumenta el número de indocumentados es para facilitar más deportaciones y mantener contenta así a la base política de Trump. “Como han prometido que van a sacar a millones de personas y no lo están haciendo, tienen que ver de dónde, cómo van a expandir la definición de quiénes pueden sacar, quiénes son las personas más vulnerables. Y es mucho más fácil con quienes tienen permiso de residencia temporal, porque, como no eran indocumentados, tienen la información de dónde encontrarlos”, sostiene.

Abrego ve de cerca con sus estudiantes, entre los que se encuentran indocumentados, el temor que se ha extendido por las universidades, incluso entre quienes llegaron con visas. “Los estudiantes internacionales, por ejemplo, no tienen muchos derechos, son los primeros que han ido atacando”. El secretario de Estado, Marco Rubio, presumía el mes pasado de haber revocado más de 300 visas, la mayoría a estudiantes internacionales. “Si realizan actividades contrarias a nuestro interés nacional, a nuestra política exterior, les revocaremos la visa”, declaró Rubio.

“Incluso estudiantes naturalizados y quienes tienen su tarjeta verde (la green card, que garantiza la residencia permanente) tiene miedo, porque hemos visto que también a esas personas, sin un motivo legal, les están privando de la libertad”, afirma Abrego.

El primero de estos casos en saltar a los medios de comunicación fue el de Mahmoud Khalil, que se encuentra detenido en el Estado de Luisiana por haber participado en las protestas propalestinas de la Universidad de Columbia.

La revocación de visas se da ahora por motivos menores que antes no implicaban esa penalización y menos como está pasando ahora, en medio del año académico. Un estudiante de posgrado en la Universidad de Minnesota, Doğukan Günaydin, fue detenido por ICE el 27 de marzo cuando se dirigía a clase debido a una condena previa por conducir ebrio, confirmó a la cadena CNN un alto funcionario de Seguridad Nacional.

Algunos estudiantes han recibido la notificación de la pérdida de su estatus legal con la sugerencia de que se autodeporten, en lugar de acudir a los tribunales y enfrentar el riesgo de ser detenidos.

Abrego subraya que, además de que aumenta el número de indocumentados, la política antiinmigrante de Trump está provocando un resurgir del racismo. “Es la supremacía blanca. Lo hemos visto en la Universidad. Hay personas en las aulas que están diciendo lo que ya pensaban porque ahora se sienten protegidos por una Administración que les dice que está bien tratar así a la gente”.

Las asociaciones de defensa de los migrantes han llevado a los tribunales todas las órdenes que atentan contra sus derechos, logrando algunas victorias. El pulso del Gobierno con los tribunales decidirá cuántos residentes que hasta ahora son legales deberán abandonar el país o pasar, como el resto de los indocumentados, a vivir “en las sombras”.