Entre los detenidos hay solicitantes de asilo con parole humanitario como el sacristán Yader Salgado, y personas con condenas previas, como Pablo Obregón Miranda, arrestado en Montana por delitos sexuales
El Servicio de Ciudadanía e Inmigración de Estados Unidos (USCIS) confirmó la detención de migrantes en recientes redadas, incluyendo a ciudadanos nicaragüenses, en distintas partes del país.
“No dude de nuestra capacidad de investigación. Estamos comprometidos con la seguridad de EE. UU. Los oficiales de la oficina de Charlotte identificaron a dos hombres de México y Nicaragua con órdenes finales de deportación. Colaboramos con ICE para lograr su arresto”, publicó la cuenta oficial de USCIS, revelando así la colaboración activa con el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en Carolina del Norte.
Detienen a sacristán que llegó con parole
Otro caso que ha generado amplia atención ocurrió en Long Island, Nueva York, donde fue detenido Yader Salgado, ciudadano nicaragüense y sacristán de la Iglesia Episcopal de la Trinidad en Northport.
Según Long Island Press, Salgado residía legalmente bajo el programa de “libertad condicional humanitaria” o “parole humanitario” junto a su esposa e hijos, mientras tramitaba su solicitud de asilo.
En marzo, sin embargo, el Departamento de Seguridad Nacional revocó su libertad condicional, exigiéndole abandonar el país antes del 24 de abril. “Su libertad condicional de asilo será terminada, y ahora él y su maravillosa familia se enfrentan a una separación inimaginable”, denunció el reverendo Andrew Garnett.
Aunque el Tribunal de Distrito de EE. UU. en Massachusetts emitió una orden judicial bloqueando la cancelación masiva de este programa, miles de personas -incluyendo a Salgado- permanecen en un limbo legal. “Está en un estado legal. Tiene estatus legal”, explicó su abogado Martin Rosenow, al destacar que aún cuenta con libertad condicional y una solicitud de asilo activa.
El caso de Salgado expone la creciente incertidumbre que enfrentan miles de migrantes bajo el programa de libertad condicional o parole humanitario, implementado para nacionales de Cuba, Haití, Nicaragua y Venezuela, y que ha sido blanco de acciones judiciales y políticas contradictorias.
Delito sexual
A estos casos se suma la detención de Pablo Obregón-Miranda, de 40 años, también originario de Nicaragua, en Billings, Montana, donde enfrentará procedimientos migratorios tras haber sido condenado por intento de relaciones sexuales sin consentimiento en dos ocasiones.
"La suboficina de Billings de ICE SLC arrestó a Pablo Obregón-Miranda, de 40 años, de Nicaragua en Billings, Montana. Fue condenado por intento de relaciones sexuales sin consentimiento x 2 y permanecerá bajo custodia de ICE en espera de los procedimientos de inmigración”, informó la oficina de campo de ICE en Salt Lake City, que cubre Utah, Idaho, Nevada y Montana.
A pesar de este tipo de casos, las propias estadísticas oficiales muestran que solo una minoría de las recientes detenciones están relacionadas con delitos graves.
Este endurecimiento de políticas migratorias y el aumento en las redadas ha sembrado el miedo en comunidades enteras, especialmente en zonas con gran población inmigrante como Long Island.
“La gente no va al supermercado, no envía a sus hijos a la escuela. La gente tiene miedo de ir a trabajar. Están asustados”, afirmó Susan Gottehrer, directora regional de la NYCLU, al advertir sobre el creciente impacto psicológico y social.
Asimismo, acuerdos como el 287(g), que permiten la cooperación directa de departamentos policiales con ICE, están facilitando las detenciones. En el condado de Nassau, al menos 10 agentes locales están formalmente designados para trabajar con ICE, en un acuerdo indefinido. “Estos acuerdos formalizan que no solo están cooperando con ICE, sino que están haciendo el trabajo de ICE”, denunció Gottehrer.
Mientras tanto, herramientas como CBP One —creadas para solicitar asilo o libertad condicional antes de ingresar a EE. UU.— han sido eliminadas o limitadas, dejando a miles en riesgo de procesos acelerados de deportación sin garantías plenas. “Están tratando de usar la deportación acelerada para demostrar que llegaron legalmente y han estado aquí menos de dos años, y deportarlos sumariamente”, advirtió el abogado Rosenow.
En medio de este panorama de endurecimiento migratorio, la comunidad nicaragüense se ve particularmente afectada, enfrentando desde detenciones en operativos hasta la revocación de estatus legales previamente otorgados.
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